Legisladores del Peronismo Federal han solicitado formalmente a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que inicie una investigación sobre billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros, a raíz de presuntas conductas anticompetitivas.
Entre las empresas mencionadas en la denuncia se encuentran Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay. Los legisladores buscan determinar si estas entidades han violado la Ley de Defensa de la Competencia y otras normativas relacionadas con los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros.
El diputado Guillermo Michel destacó el creciente endeudamiento de los argentinos y las altas tasas de interés aplicadas a los créditos. «El salario pierde contra la inflación y los gastos fijos consumen gran parte del ingreso, obligando a las personas a endeudarse para satisfacer necesidades básicas como la alimentación», expresó.
Michel también mencionó que las tasas de interés en algunos casos alcanzan el 700% anual, lo que ha llevado a más de 5,5 millones de deudores a optar por no pagar sus obligaciones.
En su presentación, los diputados han solicitado que la ANC analice a un total de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Plantean que estas entidades tienen una posición dominante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos.
Se requiere además información sobre el volumen de operaciones y participación de mercado de las empresas, así como el historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) de los últimos 24 meses. Los legisladores también piden un análisis de los índices de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada entidad.
Asimismo, se propone la creación de un cuerpo pericial, integrado por economistas e informáticos de la ANC, con el fin de auditar los algoritmos de asignación de crédito y los mecanismos de scoring utilizados por las aplicaciones denunciadas. El objetivo es investigar si se utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas elevadas.
La denuncia también aborda la interoperabilidad de los datos, señalando que la falta de capacidad para compartir historiales transaccionales puede limitar la competitividad al dificultar que los usuarios trasladen su reputación crediticia a otros proveedores.
Por último, los diputados han solicitado que se investiguen posibles infracciones a la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia, así como otros artículos del Código Civil y Comercial relacionados con el abuso de derecho y la posición dominante. Exigen que, en caso de comprobar irregularidades, se tomen las medidas necesarias y se apliquen las sanciones correspondientes.
Fuente: NA
