Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, se enfrenta a un dilema crucial que pone en jaque la noción de alternancia en el poder. Tras casi cuatro décadas en el cargo, busca una nueva estrategia para permanecer en la gobernación, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza su competencia para decidir su futuro político.
La reciente decisión de la Corte, que ya ha establecido límites a la reelección indefinida, se convierte en un punto clave para entender la situación política en la provincia. Insfrán, que ha sido gobernador desde 1995, ahora intenta valerse de una cláusula transitoria que le permitiría presentarse a un noveno mandato consecutivo, a pesar de que la acumulación de poder plantea serias dudas sobre la calidad democrática de su gestión.
En el contexto de la reforma constitucional realizada el año pasado, se había estipulado que tanto el gobernador como el vicegobernador solo podrían ser reelegidos por un solo período consecutivo. Sin embargo, la inclusión de una cláusula que considera el mandato actual como el primero de dos ha generado controversia, permitiendo que Insfrán intente mantenerse en el poder.
Este hecho resalta cómo las normas pueden ser manipuladas para favorecer a quienes están en el poder, invalidando así el espíritu de la reforma. La manipulación de la Constitución para garantizar la continuidad vitalicia de un gobernante es un tema que preocupa a la sociedad y a los analistas políticos.
El impacto de la gestión de Insfrán en la provincia ha sido notable, con altos índices de pobreza y dependencia del Estado, lo que contribuye a un clima de disciplina política. Las consecuencias de casi 40 años de su gobierno son visibles, y muchos argumentan que su permanencia en el cargo ha debilitado las oportunidades de una competencia electoral efectiva.
A pesar de las evidencias que vinculan la situación actual de Formosa con la gestión de Insfrán, el desafío radica en establecer si las normas constitucionales realmente actúan como límites al poder o si son herramientas que pueden ser reconfiguradas a conveniencia. La Corte deberá decidir si permitirá que una maniobra legal vacíe de sentido su propia jurisprudencia.
En conclusión, después de 39 años en el poder, Insfrán debería considerar la necesidad de una sucesión en lugar de plantear una nueva candidatura. La verdadera democracia implica que el derecho al voto de los ciudadanos no sea un mero formalismo, sino una herramienta para el cambio real y la alternancia efectiva en el gobierno.
Fuente: La Nación
