Ante la presión de una posible ola de juicios, el Gobierno argentino ha decidido modificar su estrategia en relación con las políticas de discapacidad. Esta revisión no solo responde a la presión política, sino que también está influenciada por advertencias del ámbito judicial.
Según un referente libertario que participa en las negociaciones, «nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto», refiriéndose a las implicaciones legales que podría acarrear una reducción de derechos y prestaciones para las personas con discapacidad. Esta preocupación se extiende tanto al proyecto que el Gobierno presentó en el Senado en abril como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027.
El marco legal vigente, que incluye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con las leyes 22.431 y 24.901, establece obligaciones del Estado para garantizar los derechos de este grupo. Cualquier intento de recortar prestaciones existentes podría abrir la puerta a cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de dichas medidas.
Un antecedente adverso para el Gobierno se produjo cuando un juez federal invalidó una suspensión de la ejecución de una ley de emergencia en discapacidad, exigiendo su implementación. Este caso, originado por un amparo colectivo de familias afectadas, subraya la posibilidad de que decisiones similares sean impugnadas en el futuro.
El juez González Charvay ha dejado claro que las políticas públicas no deben contradecir las obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por Argentina. En este sentido, el oficialismo se encuentra ahora en la búsqueda de un acuerdo que sustituya la ley de emergencia por una normativa permanente que garantice los derechos sin caer en una lógica de urgencia.
En este contexto, el presidente de Diputados, Martín Menem, junto al jefe de gabinete, Diego Santilli, y la diputada Laura Rodríguez Machado, están trabajando para establecer un nuevo marco legal que mantenga un piso de protección mientras se revisan los criterios del sistema de prestaciones. La meta es encontrar un equilibrio entre las propuestas originales del Gobierno y la necesidad de continuidad en la protección de derechos.
Además, se prevé un endurecimiento de los criterios para la obtención de pensiones, buscando que este proceso sea lo más justo posible. Sin embargo, el debate interno ha llevado a la renuncia de Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, reflejando la tensión que genera este tema en el oficialismo. Las implicaciones judiciales de cualquier ahorro fiscal logrado a través de la reducción de prestaciones siguen siendo una preocupación constante.
Fuente: La Nación
