En un reciente dictamen del fiscal nacional en lo Criminal y Correccional, se ha solicitado la indagatoria de 26 individuos, acusados de formar parte de una red de estafas que ha defraudado a más de 1000 millones de pesos. El fiscal, Andrés Madrea, presentó un informe detallado de 84 páginas ante el juez Darío Bonanno, donde se describen las maniobras de intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos asociados a esta actividad ilegal.
Según la exposición de Madrea, las operaciones fraudulentas se ejecutaron mediante la creación de una plataforma digital, donde las víctimas creían estar invirtiendo su capital en acciones y bonos. Mediante una ‘web app’, los usuarios podían observar un saldo que simulaba sus inversiones, las cuales en realidad eran manejadas por los supuestos asesores de la llamada ‘academia de negocios’ EquiQuant Capital.
La investigación, que se originó a partir de una denuncia inicial, ha ido creciendo con el tiempo al recibir múltiples testimonios de afectados en todo el país. La captación de los inversores se realizaba a través de redes sociales y plataformas de mensajería, donde se ofrecían promesas de alta rentabilidad y asesoramiento financiero.
En su dictamen, el fiscal Madrea indicó que la organización criminal no operaba como una típica “estafa piramidal”, ya que cada damnificado no tenía la obligación de atraer a otros inversores. El esquema se desmoronaba en el momento en que las víctimas intentaban retirar sus fondos, enfrentándose a una serie de excusas que les impedían recuperar su dinero.
La estructura del engaño estaba respaldada por un grupo organizado de personas que no solo gestionaban la captación de fondos, sino que también se encargaban de la reinserción de los mismos en el circuito financiero. La investigación ha revelado un entramado complejo que involucra la compra de criptoactivos y el uso de métodos de intermediación financiera no autorizados.
Para abordar el caso, el fiscal Madrea solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, así como de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. A raíz de la magnitud del caso, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación que incluye a fiscales de varias provincias, con el objetivo de compartir información y facilitar la tutela judicial para las víctimas.
Este caso pone de relieve la necesidad de medidas más estrictas en la regulación de las inversiones en línea y la protección del público contra actividades fraudulentas en el ámbito financiero.
Fuente: La Nación
