El reciclaje en Argentina se enfrenta a un desafío significativo, ya que el país no cuenta con una normativa legal que regule la recuperación de envases posconsumo. Esta situación convierte a Argentina en la única nación de América Latina sin una Ley de Envases, a diferencia de sus vecinos que han implementado marcos normativos para fomentar el reciclaje.
Este año, la asociación civil Ecoplás, en colaboración con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), presentó el Dossier de Economía Circular: Industria Plástica, Tecnología e Innovación 2026. Este informe técnico revela el estado actual del reciclaje de envases y plásticos en el país.
Un dato alarmante destacado por Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplás, es la caída del 11% en el volumen de plásticos recuperados en 2025, lo que evidencia una desaceleración en el consumo. Además, la industria recicladora opera con casi un 50% de su capacidad inactiva, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficiencia y sostenibilidad del sector.
Según Ecoplás, Argentina se encuentra aislada entre las cinco principales economías de América Latina, ya que no posee una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) a nivel nacional, ni metas obligatorias de reciclado. La falta de regulaciones ha mantenido estancada la tasa de reciclaje en apenas un 6%, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
El año pasado, el exdiputado Carlos D’Alessandro presentó un proyecto de ley que propone una gestión privada financiada por los productores, sin tasas estatales obligatorias, aplicando el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La propuesta fue discutida en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, donde participaron referentes del sector y cámaras industriales.
Actualmente, el proyecto sigue en discusión parlamentaria y aún no cuenta con un dictamen definitivo para su votación. Sergio Hilbrecht, director ejecutivo de CAIP, comentó sobre la posibilidad de que la ley sea aprobada antes de fin de año, destacando el consenso logrado con la Dirección de Industria Sostenible y otros actores políticos. Hilbrecht subrayó que la implementación de esta normativa podría generar un desarrollo productivo significativo, combinando beneficios ambientales con oportunidades económicas.
Fuente: NA
