Desde la asunción de Javier Milei, el precio de los combustibles en Argentina ha experimentado un aumento extraordinario de más del 550%, superando la inflación y provocando un notable deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado.
Poco después de que La Libertad Avanza asumiera el poder, el ministro de Economía, Luis Caputo, implementó una devaluación del peso del 54% y liberó los precios en el sector de combustibles. Esta decisión ha tenido un impacto directo en la capacidad de compra de los ciudadanos, quienes ahora enfrentan precios mucho más altos.
En concreto, el costo de la nafta súper ha incrementado un 558% desde noviembre de 2023, mientras que los salarios han aumentado solo un 311%. Este desbalance ha llevado a que un trabajador promedio solo pueda llenar 16,4 tanques de combustible al mes, una reducción del 38% en comparación con años anteriores.
Por ejemplo, el precio de un litro de nafta pasó de $311 a más de $2.000. Un tanque promedio de 50 litros que antes se podía llenar con el salario medio, ahora requiere de un esfuerzo desproporcionado, afectando a la mayoría de los trabajadores.
El informe de la Fundación Encuentro señala que, a pesar de un aumento del 47% en la producción de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, el precio de los combustibles sigue fijándose como si fueran importados. «Pagamos un valor internacional por un recurso que es nuestro», afirmó el documento.
Este encarecimiento no solo afecta a los automovilistas, sino que también impacta en el costo de los bienes y servicios. La cadena de precios se ve alterada desde el transporte, incrementando el costo de mover mercancías y, en última instancia, encareciendo los alimentos.
En términos inflacionarios, se estima que el aumento de combustibles puede presionar hasta 2,5 puntos en la inflación general. Así, el costo del combustible se traslada a todos los consumidores, independientemente de si poseen vehículos o no.
Además, el informe destaca la utilización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), de los cuales solo 26% se ha destinado a la construcción y mantenimiento de rutas, mientras que el resto ha sido colocado en inversiones financieras. Con los fondos no utilizados, se podrían haber mejorado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas en el país.
La política actual de combustibles, según el análisis, beneficia a las cuentas fiscales a expensas del bolsillo de los ciudadanos y de la infraestructura vial nacional.
Fuente: NA
