El proyecto de ley titulado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» ha ingresado al Senado tras recibir una amplia aprobación en la Cámara de Diputados. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ha manifestado su intención de lograr la sanción de la ley durante el mes de noviembre.
Este proyecto, que obtuvo una media sanción con el apoyo de diversos bloques políticos, busca consolidar los beneficios actuales para las personas con discapacidad, y se presenta como una respuesta a las preocupaciones de la sociedad sobre la situación de este sector. Bullrich está decidida a no postergar su tratamiento, dado el impacto positivo que ha tenido en la opinión pública.
Entre los promotores del proyecto se encuentran diputadas cercanas a Bullrich, como Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, quienes desempeñaron un rol fundamental en las negociaciones. La nueva legislación tiene como objetivo reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, y que había sido objeto de controversia tras el veto del presidente Javier Milei.
A pesar del respaldo mayoritario, el proyecto enfrenta resistencia dentro del propio Gobierno, particularmente del ala económica que cuestiona su costo fiscal. Este sector había respaldado un presupuesto que proponía desmantelar el sistema de protección de la discapacidad, lo que provocó tensiones internas.
La aprobación de la nueva ley se considera crucial, ya que busca garantizar derechos y beneficios permanentes para las personas con discapacidad en Argentina. El proyecto mantiene aspectos clave de la ley anterior, como la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo, así como la indexación automática de aranceles de prestaciones.
En el Senado, Bullrich contará con el apoyo de figuras como Luis Juez, quien también tiene un interés personal en la causa. Se espera que la historia de consenso que se vivió en Diputados se repita en la Cámara alta, con la posibilidad de un voto unánime.
El camino hacia la aprobación final aún requiere de la definición de un cronograma de trabajo y la firma del dictamen, pero la presión para avanzar es alta dado el compromiso político y social que representa la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Fuente: NA
