La reciente designación de Guillermo Arias como juez electoral de Córdoba ha desencadenado un nuevo conflicto entre el gobernador Martín Llaryora y diversos sectores de la oposición. Los cuestionamientos se centran en el proceso de selección del nuevo magistrado, lo que ha llevado a anticipar un rechazo al pliego en la Legislatura provincial.
Arias, quien ha sido secretario legislativo de la Unicameral y cuenta con una trayectoria dentro del peronismo, encabezó el concurso del Consejo de la Magistratura con un puntaje de 85,06 puntos. Reemplazará a Marta Vidal, quien se retira tras casi tres décadas en el cargo. El segundo puesto fue ocupado por el radical Diego Frossasco, con 82,33 puntos.
El gobernador ahora debe presentar el pliego de Arias a la Legislatura, donde se espera que asuma el 1 de septiembre, justo antes de las elecciones municipales de Marcos Juárez. Sin embargo, el principal punto de discordia no es el nombre del designado, sino el método de selección utilizado en el concurso.
El Frente Cívico, liderado por el senador nacional Luis Juez, y miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) han expresado su desacuerdo con que las entrevistas de los 17 postulantes no se llevaran a cabo de forma pública ni sean transmitidas, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional. Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, ha adelantado que su bancada se opondrá al pliego de Arias.
Por su parte, Matías Gvozdenovich, jefe del bloque de la UCR, ha señalado que esta designación refleja una “concentración de cargos judiciales” en manos del oficialismo provincial, sugiriendo una “peronización” de la Justicia. El Consejo de la Magistratura rechazó la solicitud de Juez para que las entrevistas fueran públicas, mientras que el oficialismo ha defendido el procedimiento y la trayectoria de Arias, destacado por su experiencia en derecho parlamentario y electoral.
El cargo de juez electoral es crucial, ya que es responsable de la organización de los comicios provinciales y municipales, así como de la resolución de conflictos electorales. Esta controversia también se produce en el contexto de la precampaña para 2027, agudizando los roces entre el Ejecutivo provincial y la oposición. La Legislatura deberá considerar el acuerdo en los próximos días, y hasta el momento no se han presentado impugnaciones formales al orden de méritos.
Fuente: NA
