Los derechos de propiedad son fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho y la calidad de las instituciones. Sin embargo, en el noroeste argentino, esta garantía enfrenta serias erosiones que afectan el desarrollo económico y social de la región.
La situación se complica por la existencia de terrenos cuyos títulos provienen de antiguas mercedes reales, así como por problemas de regularización que han persistido a lo largo de las generaciones. Registros de propiedad defectuosos y la falta de coordinación con el catastro han permitido el surgimiento de usurpaciones, facilitadas por actores inescrupulosos.
Recientemente, un directivo de una empresa que posee tierras en la frontera entre Salta y Santiago del Estero denunció la actividad de grupos conocidos localmente como “chimberos”, quienes ingresan a las propiedades para talar bosques y vender la madera de manera clandestina. En ciertas ocasiones, estos grupos intentan apropiarse de las tierras.
Durante las campañas electorales, estos individuos se convierten en punteros en la región, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los propietarios legítimos. El cuatrerismo y la tala clandestina son delitos comunes en esta área, cuyas historias a menudo permanecen silenciadas debido a la complicidad entre algunos funcionarios.
La expansión de la frontera agropecuaria en la última década del siglo pasado incrementó significativamente el valor de las tierras en el norte argentino. Sin embargo, este aumento ha atraído a grupos de usurpadores que se aprovechan del déficit de calidad institucional en la región. La falta de recursos en las comisarías y la lentitud de los procesos judiciales contribuyen a la impunidad.
A pesar de la coparticipación federal que subsidia el gasto público provincial, muchos recursos se destinan a obras de escasa rentabilidad social, dejando de lado las verdaderas necesidades de la población. Además, la complicidad de altos funcionarios se ha denunciado en relación con actividades ilegales de usurpación de tierras.
El desarrollo económico está vinculado a la calidad de las instituciones. Las autoridades provinciales a menudo buscan culpar a factores externos, como el gobierno nacional, evadiendo su propia responsabilidad. Es imperativo que se tomen medidas para restaurar la confianza y la legalidad en el manejo de las tierras en esta región.
Fuente: La Nación
