Los recientes incidentes ocurridos frente al Congreso dejaron un saldo de veinte detenidos, varios de los cuales presentan antecedentes penales por robos, amenazas y tenencia de estupefacientes. Durante los disturbios, al menos nueve agentes de seguridad resultaron heridos, lo que ha llevado a una serie de investigaciones por parte de las autoridades.
Entre los arrestados, destaca la figura de Lucas Emanuel Suárez, de 33 años, quien fue detenido tras ser grabado lanzando piedras hacia las fuerzas de seguridad. Suárez, quien vestía una gorra gris oscura y una camiseta del seleccionado nacional de fútbol, enfrenta cargos por atentado y resistencia a la autoridad, lo que podría acarrearle una pena de entre seis meses a dos años de prisión.
Su historial delictivo incluye una detención por falsificación de documentos en 2021, así como múltiples arrestos por tenencia de drogas, aunque en esos casos se determinó que eran para consumo personal. Además, ha estado involucrado en un proceso penal por amenazas.
Otro de los detenidos, Braian Maldonado, de 29 años, tiene el récord de ser el imputado con más causas en su contra, acumulando diez procesos en los últimos nueve años. Su última detención se produjo en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde fue acusado de los mismos delitos que Suárez. En 2023, Maldonado había sido condenado a una pena de ejecución condicional, lo que complica aún más su situación legal.
Finalmente, se encuentra Jorge David Navarro, de 42 años, quien también fue arrestado durante los incidentes. Según informaron fuentes judiciales, Navarro tiene un proceso penal abierto desde 2017 por atentado y resistencia a la autoridad.
De los veinte detenidos, al menos ocho permanecen bajo la supervisión de la Unidad de Flagrancia Este, mientras que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura ha iniciado entrevistas con los arrestados. Sin embargo, se ha informado que el número de detenidos podría ser de hasta 28, en contraste con la cifra oficial de veinte. La Comisión también expresó su preocupación por la presentación de denuncias contra los manifestantes bajo la Ley Antiterrorista.
A medida que se desarrollan las investigaciones, los funcionarios han solicitado que se produzcan pruebas para identificar a los responsables de los disturbios y a posibles organizaciones detrás de estos actos de violencia.
Fuente: La Nación
