En una democracia, el espacio cívico se edifica sobre derechos fundamentales que poseen los ciudadanos, así como sobre las obligaciones que deben asumir los representantes electos. Uno de esos derechos es el acceso al voto informado, lo que requiere que los partidos políticos y candidatos ofrezcan información transparente y accesible.
El debate presidencial se establece como un mecanismo clave para garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera directa y equitativa a las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la Nación. Sin embargo, un nuevo proyecto de reforma electoral en discusión en el Senado propone modificar el capítulo del Código Electoral Nacional que regula esta práctica.
El artículo 30 de la propuesta sugiere eliminar las disposiciones que hacen del debate presidencial una obligación, lo que podría llevar a su desaparición. Organizaciones como Argentina Debate, Fundación Avina y otros grupos cívicos han hecho un llamado a los senadores para que se mantenga la obligatoriedad de estos debates, argumentando que su implementación es un derecho de los ciudadanos y no de los candidatos.
El debate se convierte en un bien público al permitir que la ciudadanía escuche y compare propuestas bajo condiciones de igualdad. Además, estas instancias fomentan la rendición de cuentas, al exigir a los candidatos que expongan públicamente sus posiciones y compromisos, creando un registro que la ciudadanía puede evaluar durante su mandato.
Desde su primera realización en 2015, donde participaron figuras como Mauricio Macri y Sergio Massa, los debates han evolucionado gracias a la legislación que los declara obligatorios. La Cámara Nacional Electoral se ha encargado de su organización, asegurando que se realicen en condiciones equitativas y que incluyan la participación ciudadana en la formulación de preguntas.
El modelo argentino se destaca a nivel internacional, comparándose con países como México, que adoptó esta práctica en 2014, y Colombia, donde se han debatido propuestas similares. En democracias consolidadas, los debates son una tradición arraigada, contribuyendo a una campaña electoral más informada y menos dependiente de la publicidad política.
Es imperativo que el Congreso mantenga la obligatoriedad del debate presidencial, no solo como un mecanismo de información sino como una oportunidad para que ciudadanos y candidatos se formen en la práctica democrática. La eliminación de esta instancia sería un retroceso en el aprendizaje cívico y en el fortalecimiento de la democracia.
Fuente: La Nación
