El Gobierno ha implementado el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT), un organismo encargado de supervisar, evaluar y asesorar técnicamente la nueva concesión de esta crucial vía de comercio exterior. La operación de la VNT estará a cargo de Vías Navegables Argentina S.A., un consorcio que incluye a la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.
El contrato de concesión fue firmado el 7 de julio, marcando el inicio de una nueva fase en la gestión de la VNT, que ha atravesado un largo proceso de idas y venidas a lo largo de varios años. A partir de septiembre, se prevé una disminución en la tarifa, que pasará de US$4,30 a US$3,80 por tonelada de registro neto (TRN).
El nuevo esquema busca acompañar la gestión privada de la vía navegable, donde más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza, incluyendo la mayoría de las exportaciones de granos y otros productos agroindustriales. Desde el Ejecutivo, se sostiene que este modelo permitirá aumentar la previsibilidad en las obras de profundización del canal, integrar nuevas tecnologías y reducir los costos logísticos para los sectores productivos.
De acuerdo con el estatuto aprobado, el Consejo será un espacio de participación y consulta, conformado por representantes de provincias relacionadas al sistema fluvial, usuarios de la vía, y áreas técnicas y sociales vinculadas a la actividad. El organismo contará con un plenario que se reunirá cada dos meses, además de comisiones especializadas que elaborarán informes y recomendaciones técnicas en áreas como Seguimiento del Tráfico, Gestión Ambiental, y Desarrollo Federal y Logística Regional.
Las conclusiones de estas comisiones no tendrán carácter vinculante, pero servirán como insumo para el análisis en el plenario. Se ha dispuesto que las actas, recomendaciones aprobadas y resoluciones del Consejo sean de acceso público, salvo en casos de información confidencial.
La presidencia del Consejo recaerá en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), quien podrá solicitar asesoramiento técnico y ejercer un derecho de veto sobre las recomendaciones del plenario. La Anpyn tendrá la obligación de presentar informes bimestrales sobre el estado de la navegación y las obras realizadas en la traza.
Fuente: La Nación
