Las empresas de apuestas online están intensificando sus esfuerzos para que la regulación actualmente en discusión en el Senado se enfoque en los operadores ilegales, evitando así la imposición de mayores restricciones a las firmas que operan de manera legal.
El debate se centra en dos enfoques regulatorios: uno que propone endurecer las reglas para todo el mercado y otro que sugiere concentrar la respuesta estatal exclusivamente sobre las plataformas que operan sin autorización.
En este contexto, el sector aboga por que el Congreso priorice la persecución de la oferta ilegal, rechazando que nuevas obligaciones recaigan sobre las empresas que cuentan con licencia.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados, así como de dos a cuatro años para quienes ofrezcan servicios relacionados con el conocimiento de la ilegalidad.
Además, la iniciativa oficial prevé el bloqueo de dominios y restricciones a las operaciones financieras de plataformas sin habilitación. A diferencia de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, el texto del Gobierno se enfoca en impedir el acceso de menores y limitar la publicidad dirigida a este público, pero no establece una prohibición general de anuncios ni de patrocinios deportivos.
La media sanción de Diputados, que vence este año, incluye restricciones más amplias sobre publicidad y promoción, así como mecanismos de verificación de identidad y un régimen de autoexclusión.
Según informes, el oficialismo ha señalado la importancia de abordar la informalidad en el mercado, ya que se estima que el 85% de la actividad se canaliza por vías informales, aunque esta cifra requiere verificación.
La discusión sobre la regulación también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde se han propuesto iniciativas que incluyen la eliminación de bonos de bienvenida, programas de fidelización y un gravamen del 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas para políticas de salud mental.
Fuente: NA
