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24 septiembre 2026, 8:34 pm

Escalofriante condena: 27 personas sentenciadas por trata en el Templo Filadelfia

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín ha condenado a 27 individuos por su participación en una organización delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, bajo la fachada de una congregación religiosa conocida como Templo Filadelfia.

Entre las medidas adoptadas por el tribunal, se incluye el decomiso de 46 inmuebles y 12 vehículos, así como la subasta de otros 15 automóviles. Además, se ordenó la baja de la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos.

La fiscalía demostró durante el juicio que la organización operó durante casi cinco décadas, utilizando un sistema de sometimiento caracterizado por el aislamiento, control y explotación de sus víctimas.

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Las penas impuestas varían entre tres años y nueve meses y 24 años de prisión, siendo la condena más severa la de Eva Petrona Pereyra, de 81 años, quien fue considerada jefa de la organización y sentenciada por múltiples delitos, incluyendo la trata de personas.

El tribunal también estableció reparaciones económicas para las 27 víctimas, que totalizan $2.170.467.831,20, cifra que se actualizará según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La organización, que funcionó al menos desde 1972 hasta finales de 2020, tenía su sede en San Justo y contaba con extensiones en Paraguay y Brasil, lo que amplía el alcance de sus actividades ilícitas. El juicio, que comenzó en enero de 2024, incluyó declaraciones de más de 200 testigos, y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 18 de noviembre.

Entre las decisiones del tribunal, se destaca la anulación de la inscripción del Templo Filadelfia y la disposición de inscribir el desplazamiento de la filiación materna de dos víctimas, quienes no eran los hijos biológicos de las mujeres registradas como sus madres. Asimismo, se declaró la nulidad de matrimonios forzados entre víctimas celebrados en 1987 y 2007.

Finalmente, se ordenó el decomiso y destrucción de dispositivos electrónicos y documentación vinculada a la organización, asegurando que se tomen las medidas adecuadas antes de su eliminación.

Fuente: NA

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