La Legislatura unicameral de Córdoba enfrenta una crisis de confianza debido a una serie de irregularidades que han afectado la imagen del peronismo provincial. A pesar de no enfrentarse a derrotas parlamentarias, los episodios recientes han cuestionado la promesa de «transparencia e institucionalidad» que el oficialismo busca transmitir.
El escándalo de la «empleada fantasma» y sus repercusiones
Uno de los incidentes más notorios ocurrió en enero de 2025, cuando Guillermo Kraisman, exconcejal peronista, fue arrestado por intentar cobrar el salario de una mujer que figuraba como contratada en la Unicameral, pero que aseguró nunca haber trabajado allí. Este caso, vinculado a la legisladora oficialista Nadia Fernández, desató un debate sobre la naturaleza de los contratos en la legislatura, sugiriendo que podrían ser una herramienta para distribuir beneficios entre allegados.
Contrataciones cuestionadas y falta de controles
Tras el escándalo, se reveló que 1055 personas estaban contratadas, incluyendo familiares de políticos y exintendentes, con un gasto mensual aproximado de $1000 millones. La vicegobernadora Myrian Prunotto defendió la legalidad de las contrataciones, aunque el tema ha generado preocupación sobre la transparencia en estos procesos.
Investigaciones judiciales que involucran a asesores legislativos
Recientemente, un caso de abuso sexual vinculado a uno de los asesores del legislador oficialista Ramón «Cañito» Flores ha puesto en evidencia la falta de controles sobre los contratados. José Aníbal Ricardo Villarreal, arrestado por ser parte de una investigación más amplia, tenía antecedentes penales que no fueron detectados al momento de su contratación.
Impacto de casos de violencia de género en la política local
El femicidio de Agostina Vega también ha sacudido el ámbito político, llevando a demandas de renuncia de funcionarios involucrados con el acusado. El intendente Daniel Passerini exigió la salida del concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber facilitado el ingreso del presunto femicida a la Municipalidad. Estos incidentes han llevado al gobernador Martín Llaryora a solicitar a la Justicia que investigue a fondo.
Medidas para mejorar la transparencia
En respuesta a la creciente preocupación pública, la Secretaría Administrativa de la Unicameral ha implementado que todos los asesores y funcionarios deben presentar certificados de antecedentes, buscando así restablecer la confianza en el sistema. Sin embargo, el futuro del peronismo cordobés se presenta incierto ante estos desafíos.
Fuente: La Nación
