La Cámara Federal de Casación Penal ha tomado la decisión de anular por segunda vez el procesamiento del exsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, en relación a la causa que investiga la contratación irregular de trabajadores de la construcción como parte del personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), bajo la gestión de Patricia Bullrich.
Este fallo fue emitido por los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, mientras que el camarista Gustavo Hornos se mostró en disidencia. La resolución también afecta a Gerardo Gómez Coronado, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DNIC.
La Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Milman, liderada por el abogado Manuel Barros, y anuló una resolución previa emitida el 3 de noviembre de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal. El tribunal devolvió el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento, aunque aclaró que esto no equivale a un sobreseimiento.
Controversias y Argumentos Legales
Los jueces de la Casación subrayaron que su decisión fue tomada “sin emitir opinión sobre el fondo del asunto”. Sin embargo, este es el segundo caso en que la Cámara de Casación devuelve el expediente a la Cámara por la misma supuesta deficiencia en la fundamentación del fallo.
En intervenciones anteriores, la Cámara de Casación había anulado un fallo por considerar que carecía de fundamentación suficiente. En cuestión está el debate sobre si existió dolo o si las acciones fueron simplemente una irregularidad administrativa.
A pesar de la anulación, la Cámara Federal había confirmado los procesamientos de los exfuncionarios, aunque modificó la calificación a abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de ordenar la revisión de los embargos impuestos.
Perjuicios al Estado y Declaraciones Testimoniales
De acuerdo con el fallo de la Cámara Federal, se determinó que el Estado sufrió un perjuicio económico de $1.787.260, que fueron abonados entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Algunos de los trabajadores involucrados en los contratos aseguraron que nunca realizaron tareas en la DNIC, y un peritaje confirmó que las firmas en sus recibos de sueldo no eran auténticas.
La investigación reveló que se trataba de personal de la construcción destinado a la edificación de una oficina. A Milman, quien también ocupó el cargo de secretario de Gestión Federal de la Seguridad, se le atribuye haber firmado las propuestas que iniciaron los expedientes administrativos y haber enviado proyectos de resolución para aprobar la contratación de 18 personas.
A pesar de las irregularidades evidentes, la mayoría de la Casación desestimó los argumentos que afirmaban que las acciones de los imputados eran dolosas, remarcando que el razonamiento utilizado no cumplía con los requisitos legales necesarios para establecer la culpabilidad directa.
Próximos Pasos en el Proceso Judicial
Con la causa regresando a la Cámara Federal, se espera que se dicte una nueva resolución respecto a la situación procesal de Milman y Gómez Coronado. La intervención de la fiscalía estuvo a cargo de Raúl Pleé, quien participó en el debate legal.
Fuente: La Nación
