La disputa judicial relacionada con la mansión de Pilar, valorada en 20 millones de dólares y vinculada a un presunto esquema de lavado de activos, está a punto de alcanzar una instancia crítica. La causa, que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), podría ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, tiene previsto presentar un recurso extraordinario federal para impugnar el traslado del caso a la Justicia Federal de Campana. Villar califica esta decisión como “arbitraria” y advierte que, de ser confirmada, la investigación quedará en manos del juez Adrián González Charvay, quien es considerado favorable por las defensas.
Inicialmente, la causa se centró en el origen de los fondos utilizados para adquirir la mansión, pero ha evolucionado hacia un expediente más complejo. Este incluye el análisis de sociedades comerciales y financieras, así como un circuito de dinero que, según los fiscales, podría estar vinculado a operaciones de la AFA. Aunque no hay imputaciones directas, los investigadores han identificado movimientos financieros que justifican la profundización de la investigación.
Villar argumenta que la resolución que ordenó el traslado a Campana no abordó adecuadamente la competencia territorial. Alega que el criterio debería centrarse en el origen del dinero involucrado en la compra, no en la ubicación de la propiedad. La defensa de los presuntos testaferros, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, aplaudió el traslado a Campana, argumentando que la competencia territorial se debe determinar por el lugar donde se encuentra la propiedad.
En su presentación, Villar ha destacado varios elementos que, según la investigación, forman parte del circuito financiero en cuestión. Esto incluye entidades financieras de la Avenida Corrientes y un estudio jurídico vinculado a Juan Pablo Beacon, así como la firma de la escritura de compraventa en un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el fiscal cuestionará una aparente contradicción de la Cámara de Casación, que anteriormente había desestimado apartar a la jueza María Eugenia Straccia, sugiriendo que abrir una contienda de competencia podría afectar la celeridad procesal. Ahora, el caso ha sido enviado a Campana, lo que Villar considera otro indicio de arbitrariedad.
Uno de los jueces de Casación, Mariano Borinsky, ha defendido la decisión de mover el caso a la Justicia Federal, señalando que el delito de lavado de dinero, cuando se investiga como tal, es de naturaleza federal. La Cámara Federal de San Martín decidió trasladar el expediente a Campana, ya que Rafecas, quien había intervenido en etapas previas, no solicitó que el caso regresara a su juzgado.
El recurso que Villar presentará será evaluado por la Cámara de Casación. Si se admite, la causa se detendrá hasta que se resuelva la cuestión de competencia. Si es rechazado, el fiscal podrá llevar el caso a la Corte Suprema, que podría intervenir sin plazos definidos para su resolución.
Fuente: NA
