La calidad de la Justicia en un país es un reflejo directo de la calidad de su democracia, según afirma el jurista peruano José Ugaz, conocido por su papel en las investigaciones de corrupción contra el ex presidente Alberto Fujimori y por su liderazgo en Transparencia Internacional.
La experiencia en América Latina pone de manifiesto cómo la justicia y la democracia están intrínsecamente ligadas. Los gobiernos autoritarios, en su intento de ejercer el poder sin restricciones, recurren al control, la intimidación o la descalificación de los jueces. Sin embargo, las democracias también enfrentan este riesgo.
Los Peligros de la Judicialización y Politización
Ugaz señala dos fenómenos que resultan especialmente dañinos: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Cuando los conflictos que deberían resolverse en el ámbito político son trasladados a los tribunales, o cuando estos son manipulados para beneficiar o perseguir intereses políticos, se desdibuja una línea fundamental del Estado de Derecho.
Argentina es un claro ejemplo de esta problemática. Las decisiones de los jueces a menudo son evaluadas en función de si benefician o perjudican a quienes están en el poder o en la oposición. Un mismo magistrado puede ser visto como un héroe o como un instrumento de conspiración, dependiendo de su última resolución judicial.
Consecuencias del Deterioro Judicial
Este deterioro tiene repercusiones significativas. Una sociedad que pierde la fe en la imparcialidad de los jueces también pierde la confianza en la igualdad ante la ley. Cuando la Justicia carece de credibilidad, no solo se debilita uno de los poderes del Estado, sino que también se erosiona la democracia misma.
Por esta razón, la independencia judicial no debe considerarse un privilegio exclusivo de los jueces ni un tema de interés solo para los abogados. Es una garantía esencial para los ciudadanos. La defensa de esta independencia requiere no solo la resistencia ante las presiones del poder político, sino también la demanda de independencia, imparcialidad, decoro, transparencia y responsabilidad por parte de los magistrados.
Una democracia no puede ser superior a la calidad de la Justicia que ofrece a sus ciudadanos.
Fuente: La Nación
