El gobernador Ricardo Quintela ha promulgado una reforma significativa en el sistema electoral de la provincia, creando un juez electoral provincial con un mandato de diez años. Esta nueva legislación, que modifica la estructura del Tribunal Electoral, amplía el control judicial sobre los partidos políticos y sus procesos internos.
La reforma, conocida como Ley 10.898, fue sancionada por la Cámara de Diputados y publicada en el Boletín Oficial el 18 de agosto. Esta norma reemplaza al antiguo Decreto Ley 4.234 que había estado en vigor desde 1983, y se implementará antes de las elecciones de 2027.
El nuevo sistema establece un Juzgado Electoral permanente con competencia en toda la provincia, el cual contará con una secretaría propia y una remuneración comparable a la de un juez de Cámara. La designación del juez seguirá el procedimiento estipulado por la Constitución provincial, asegurando que no recaiga únicamente en el gobernador.
Entre las facultades del nuevo juez electoral se encuentran la supervisión del reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos, así como el control de sus registros de afiliados y patrimonio. Este juez tendrá un plazo de cinco días para tomar decisiones, caso contrario, perderá la jurisdicción sobre el expediente.
El Tribunal Electoral también experimentará cambios en su composición. Ahora estará integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia, un juez de Cámara y un representante del Ministerio Público de la Defensa, todos ellos elegidos por sorteo y con un mandato de cuatro años.
La ley establece que los miembros del Tribunal no podrán haber ocupado cargos partidarios en los cuatro años previos a su designación, garantizando así una barrera de imparcialidad. Además, el organismo contará con autonomía funcional y financiera y podrá proponer su propio presupuesto.
El Tribunal tendrá la responsabilidad de organizar los comicios, oficializar listas, realizar el escrutinio y proclamar a los electos. La reforma también incluye la creación de un Registro Provincial de Electores, aunque hasta que este esté operativo se continuará utilizando el padrón nacional.
El oficialismo en La Rioja ha presentado esta reforma como una adecuación a la nueva Constitución provincial y como un paso hacia la especialización de la estructura electoral. La rapidez con la que se aprobó y promulgó esta ley ha suscitado atención sobre el control que ejercerá el gobernador sobre los partidos políticos y el proceso electoral en la provincia.
Fuente: NA
