El comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) ha intensificado su presión sobre el Gobierno en relación al creciente problema del contrabando, un fenómeno que afecta a casi el 60% de los emprendimientos fabriles del país. Este reclamo también ha resonado en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que ha manifestado su preocupación por la situación.
Desde 2025, el secretario general de SUPARA, Daniel Mallotti, ha levantado la voz en torno a esta problemática, señalando directamente a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, como responsable por las políticas de ajuste y desregulación que, según él, han promovido el crecimiento del contrabando y han impactado negativamente en la industria nacional.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también se ha unido a esta preocupación, exigiendo el refuerzo de los controles fronterizos ante el daño que el contrabando causa a la industria y las pérdidas fiscales que provoca. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta oficial por parte del Gobierno.
Ante esta situación, la UIA ha solicitado inspecciones más rigurosas en las fronteras, argumentando que compiten en desventaja frente a productos importados, como los provenientes de China, que no enfrentan aranceles ni tasas. A pesar de la presión, algunos dirigentes son escépticos sobre la posibilidad de cambios significativos, dado que una encuesta reciente reveló que un 33% de los ejecutivos aboga por mejores controles aduaneros.
Recientemente, la UIA mantuvo una reunión con el director general de Aduanas, Andrés Velis, para discutir el impacto del comercio ilegal y coordinar una agenda técnica que fortalezca la fiscalización del contrabando. También participaron de este encuentro la directora adjunta de Aduanas, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco.
Durante la reunión, se revisaron las gestiones del organismo y se coincidió en la necesidad de implementar medidas que faciliten el comercio formal. La UIA presentó datos de su III Encuesta, donde el 59,7% de las 628 empresas encuestadas consideró que el impacto del comercio ilegal es alto o muy alto en sus operaciones. Los rubros más afectados incluyen metales comunes (88,2%), textil (84,6%), cuero y calzado (76,2%), y papel, cartón y madera (70%).
Entre los reclamos de las empresas se encuentra la necesidad de una mayor fiscalización de la facturación y la regulación del comercio electrónico, que afecta a cuatro de cada diez compañías. En respuesta a este panorama, la UIA ha formalizado propuestas que incluyen la ampliación horaria en pasos fronterizos, el uso de tecnología de control, y una revisión de las desregulaciones en el sistema de courier, aunque hasta el momento no ha habido pronunciamiento del Gobierno al respecto.
Fuente: NA
