Dos organizaciones no gubernamentales han solicitado la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente relacionado con el caso $LIBRA. Las ONGs, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), han presentado un pedido formal al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, para que se anulen los sobreseimientos del presidente Javier Milei y otros diez imputados.
En su escrito, las organizaciones argumentan que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no cumplieron con las normativas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de decisiones que finalizan una persecución penal. Según afirman, ni las querellas ni las organizaciones fueron notificadas sobre el avance de los sobreseimientos, lo que contradice el proceso establecido por la legislación vigente.
Las ONGs sostienen que la actuación del fiscal Taiano infringe el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372, que protege los derechos de las víctimas. De acuerdo con su planteo, se debe garantizar que las víctimas puedan manifestar su oposición fundamentada al pedido de sobreseimiento dentro de un plazo de diez días, un procedimiento que, según denuncian, no fue respetado en este caso.
En su solicitud, Inecip y Cipce piden que se restablezcan las garantías que consideran fueron vulneradas y que se ejerza el control de convencionalidad, analizando la compatibilidad de las decisiones con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Argentina. Para respaldar su argumento, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que resalta la importancia de la protección judicial efectiva.
La presentación ha sido remitida también al procurador general, Eduardo Casal, y se espera que Agüero Iturbe evalúe el planteo en el marco de sus atribuciones. Las organizaciones destacan que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional, lo que añade un elemento adicional a la urgencia de revisar el caso y evaluar las pruebas antes de tomar una decisión definitiva.
Fuente: La Nación
