La reforma salarial promovida por el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, enfrenta un nuevo obstáculo judicial tras el rechazo planteado por la Intergremial Judicial. Este cuestionamiento, que se hizo público el 30 de septiembre, desafía el respaldo otorgado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios a la inclusión de secretarios en el proyecto de ley 2141/26.
La respuesta de los gremios se produjo tras un comunicado emitido por la asociación el 28 de septiembre. Los representantes de los trabajadores argumentaron que la ampliación selectiva de los beneficiarios no abordaba las objeciones que habían planteado respecto al esquema salarial propuesto por el Ejecutivo provincial.
El conflicto se centra en lo que los sindicatos denominan desenganche, un término que utilizan para describir el riesgo de desvincular la mejora salarial de ciertos cargos de las remuneraciones del resto del personal. La Intergremial ha defendido el régimen de porcentualidad establecido en la Ley 468-A, que vincula los salarios dentro del Poder Judicial chaqueño.
La iniciativa del Gobierno busca implementar un concepto de intangibilidad para ciertos magistrados y funcionarios, así como un mecanismo que permita la convergencia de sus remuneraciones con la media nacional de cargos equivalentes. Sin embargo, los gremios sostienen que este diseño podría establecer beneficios que no se extenderían de la misma manera al conjunto de los empleados judiciales.
En su respuesta, la Intergremial también cuestionó la invocación del principio de igual remuneración por igual tarea como respaldo a incorporaciones específicas, argumentando que esto alteraría un sistema basado en la proporcionalidad. El rechazo se centra no solo en el alcance de la reforma, sino también en la falta de participación de los trabajadores en su elaboración.
Los sindicatos han señalado que el proyecto surgió en el contexto de las audiencias de la causa Alonso de Martina, sin la intervención de sus representantes. Además, han objetado que el tribunal ad hoc que evaluó el caso estuviera compuesto por magistrados que serían beneficiarios de la medida, lo que genera conflictos de interés.
La Intergremial también ha solicitado la aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A para todo el personal judicial, y ha vinculado la independencia del Poder Judicial con las condiciones económicas, institucionales y salariales de todos sus integrantes. En este sentido, calificaron la propuesta como inconstitucional, una valoración que, aunque significativa, no equivale a un fallo judicial.
Fuente: NA
