La Cámara de Diputados de la Nación Argentina, compuesta por 257 representantes de 24 distritos, enfrenta un desbalance en su integración que data de criterios establecidos hace más de cuatro décadas. Este sistema, que se basa en el censo de 1980 y leyes de la dictadura, ha generado una distribución de bancas que no refleja la realidad demográfica actual del país.
Según la legislación vigente, cada distrito debe contar con un diputado/a por cada 161.000 habitantes, además de tres bancas garantizadas por distrito. Este esquema ha llevado a una representación desigual, donde distritos como Córdoba y Santa Fe, con poblaciones similares, eligen 18 y 19 diputados, respectivamente, en comparación con los 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una población menor.
El análisis de la situación actual revela que, de haberse actualizado los criterios de asignación de bancas, la representación entre distritos podría haber cambiado significativamente. A pesar de un incremento poblacional del 64%, el número total de bancas se ha mantenido casi constante, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del sistema.
Propuestas de Ajuste para una Representación Equitativa
Para remediar esta inequidad, se propone un ajuste en la base de asignación de bancas, elevándola de 161.000 a 165.000 habitantes, lo que resultaría en una Cámara de 297 miembros. Este cambio permitiría que distritos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe aumenten su representación, mientras que la Ciudad y otros distritos podrían experimentar una leve reducción.
Este ajuste no solo disminuiría la desproporción existente, que actualmente es del 13,96% a un 6,15%, sino que también garantizaría que la representación de las provincias se mantenga en un marco constitucional legítimo. La propuesta incluye la posibilidad de aplicar la modificación de manera escalonada, de modo que los actuales diputados no pierdan sus bancas y la transición sea más fluida.
La Necesidad de Acción Legislativa
No obstante, la realización de estos cambios enfrenta desafíos significativos debido a la resistencia de aquellos que se benefician del statu quo. La inacción legislativa ha perpetuado un sistema que no responde a las necesidades actuales de la población y que, además, pone en riesgo la integridad democrática del país.
Para avanzar en este proceso, se sugiere establecer una norma que garantice que la representación se ajuste automáticamente tras cada censo, evitando así la omisión que ha caracterizado a la Cámara durante los últimos 43 años. La falta de acción legislativa no es solo una omisión, sino un obstáculo que debe ser superado para asegurar que la representación de la ciudadanía sea justa y equitativa.
Fuente: NA
