La reciente Marcha Federal Universitaria ha dejado un saldo preocupante, con episodios de violencia que han eclipsado el reclamo legítimo por la educación pública. En las inmediaciones del Congreso, se registraron piedrazos, agresiones contra las fuerzas de seguridad y daños al mobiliario urbano, lo que provocó diez heridos y cerca de treinta detenidos, entre ellos dos menores de edad.
Las autoridades han señalado la necesidad de distinguir entre quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente y los grupos violentos que se infiltran en estas convocatorias. Carlos Torrendell, secretario de Educación, ha mencionado la existencia de “grupos de tarea” que estarían detrás de estos incidentes, lo que plantea la necesidad de una investigación rigurosa sobre la posible organización detrás de estos actos.
A pesar de que el foco principal de la manifestación era el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la mezcla de consignas que se escucharon durante la marcha refleja una creciente politización de un tema que debería centrarse en la calidad de la educación superior. Torrendell también ha instado al Congreso a encontrar mecanismos para garantizar mayores partidas de financiamiento, subrayando la falta de transparencia en el uso de recursos por parte de las universidades.
La intervención de la Sindicatura General de la Nación en el control de las universidades ha sido cuestionada, lo que alimenta las sospechas sobre la gestión de los fondos. Es fundamental que las instituciones educativas se sometan a controles y que se discutan los resultados en términos de eficiencia y egresos.
La falta de un mecanismo eficaz de prevención de estos desmanes por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires ha sido criticada. Es vital proteger el derecho a la protesta pacífica, al mismo tiempo que se deben prevenir los ataques contra personas y bienes públicos. La respuesta policial, aunque debe ser evaluada, no puede ser calificada de ilegal cuando se enfrenta a situaciones de violencia.
Los estudiantes que marcharon de manera pacífica se han visto atrapados en una dinámica ajena a sus objetivos educativos. La sociedad, al financiar la educación, tiene el derecho de exigir resultados y la democracia no debe tolerar el uso de estas manifestaciones como un medio para generar caos.
Fuente: La Nación
